CCTV, UNA MIRADA AL BORDE DE LA LEY

GENERALES
Empresas en todo el mundo invierten millones en sistemas de CCTV, sin embargo las grabaciones muchas veces no cuentan con los elementos necesarios para ser consideradas como pruebas válidas ante un litigio judicial. El presente documento alerta sobre los elementos que determinan cuándo un video es una prueba válida y cuando esa grabación, puede ser delito.

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En este momento sin que usted siquiera lo advierta, se colocan cámaras por millones alrededor del globo. En la mayoría de los casos formarán parte de un escudo disuasivo ante alguna amenaza, o como auxiliar en la toma de decisiones ante un evento específico. Sin embargo las cámaras de manera simultánea actúan como mudos testigos de acontecimientos que podrían cambiar la vida de uno o millones de personas alrededor del mundo, gracias al poder de materializar ante nuestros ojos, fragmentos de una realidad que ahora sólo existe contenida en su medio de almacenamiento.

En la lucha anticrimen, el circuito cerrado de televisión es el artilugio que hoy día encuentra mayor penetración de la enorme gama de medidas de control y prevención contra intrusos. No obstante, es importante saber que no toda videograbación es aceptada como una prueba válida ante la autoridad; por lo que además de que técnicamente se debe de contar con un material de calidad suficiente para convalidar lo dicho respecto a sus imágenes, esas imágenes no deberán atropellar derechos de terceros para poder ser tomadas en cuenta.

En términos simples, se diría que la vigilancia de instalaciones privadas no se encuentra restringida, y de hecho las videograbaciones que contengan información que ayude al esclarecimiento de hechos delictivos, puede ser tomada como prueba lícita, aunque antes de ello el juez deberá convalidar que las imágenes no hayan sido sujetas a edición, que las lleve a constituir un testimonio falso.

Ante este escenario, el juez deberá someter la posible evidencia ante un estudio forense con el objeto de validar que no exista alteración alguna en ella, y por el contrario, se pretenda engañar a la autoridad, ya que a lo largo del tiempo y empleando la tecnología de video vigente en el momento, nunca ha faltado quien “truquee” un elemento para intentar presentarlo como testigo de algo que de hecho no sucedió.

Asimismo, al momento de tener la intensión de respaldar un caso de importancia judicial mediante una videograbación como prueba, es importante que al momento de presentar esa inquietud ante la autoridad, se deje en claro la necesidad de los elementos tecnológicos para tener acceso a la información contenida en el video, pues según la Tesis aislada en materia penal III.1o.P.37 P publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Noviembre de 2001, de no cumplirse con esas exigencias, la prueba se integraría deficientemente y sin el enteramiento del procesado y su defensor.

ESPIONAJE = VIDEO ILEGAL

En México y en muchas partes del mundo un video ha sido parte fundamental en cómo se dirimen controversias de muchos tipos; no obstante, los mismos países que tutelan su uso con fines testimoniales, paralelamente censuran su empleo cuando éste viola las garantías individuales. Un ejemplo de ello es cuando se usa como instrumento para la invasión a la privacidad de uno o algunos individuos.

Por ello es importante saber que la intervención de comunicaciones privadas (o grabaciones de video) tomadas sin autorización judicial, constituyen pruebas ilícitas y carecen de todo valor probatorio, con base en el mandato expreso del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, circunstancia que anula el valor probatorio, si es que éste existe, según una tesis aislada en Materia Constitucional, asentada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta número XXVII, de Abril de 2008 (Tesis: P. XXXIII/2008), consultada por Seguridad en América, para la realización de este texto.

En ese sentido, únicamente la autoridad judicial federal podrá autorizar su intervención, a petición de la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, en la inteligencia de que esas autorizaciones no podrán otorgarse cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativa, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor y que los resultados de cualquier intervención autorizada que no cumpla con los requisitos legales aplicables, carecerán de todo valor probatorio.

También carecerán de valor en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor y de los resultados de cualquier intervención autorizada que no cumpla con los requisitos legales aplicables, esto de acuerdo a un archivo consultado del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, de Noviembre de 2001, en la Tesis en materia penal: III.1o.P.37 P.

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A TOMAR EN CUENTA…

El CCTV ha evolucionado ampliamente desde sus inicios a la fecha que se ha convertido en una herramienta fundamental en la supervisión pero, más que nada en la investigación de sucesos extraordinarios dentro de su campo de visión. Por ello es fundamental mantener una infraestructura sólida, lo cual significa tener el equipo en óptimas condiciones.
Así pues para considerar efectivo un sistema de CCTV, se deben tomar en cuenta 3 puntos claves:

• Excelente iluminación.

• Buena calidad de imagen.

• Adecuada captura de IPS (imágenes por segundo).

De estos 3 elementos básicos de video se han derivado diversas herramientas para poder obtener la mayor información visual que pueda ofrecer un sistema, por ejemplo:

• Luz infrarroja o cámaras térmicas, siempre útiles cuando existen condiciones extremas de visibilidad o luminosidad.

• Formatos de compresión para imágenes de alta calidad y con IPS aceptables, de modo que ese video muestre con claridad y nitidez lo que estemos viendo.

• Lentes adecuados a diferentes ángulos de visibilidad y distancias, que son para adecuar de acuerdo a la ubicación de la cámara, distancia del objetivo y el área a observar.

• Carcasa o domos acorde a las condiciones climáticas y de seguridad donde se encuentra cada cámara.

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¿Y PARA QUÉ?

No obstante, la parte fundamental a considerar es: ¿para qué me sirve?

Como se mencionó en un principio, las grabaciones recogidas por un CCTV son una excelente herramienta para la supervisión e investigación, mientras no se viole la ley como en los casos ya comentados. En la supervisión de actividades, es bastante sencillo y práctico su uso, siempre y cuando se cuente con el personal adecuado y capacitado.

La investigación de eventos es una actividad más compleja, ya que se necesitan elementos adicionales como: almacenamiento, búsqueda y sobre todo confiabilidad. El almacenamiento debe de ser de acuerdo a las necesidades del cliente como todo, claro está, pues no es lo mismo el almacenamiento que necesita un banco al que necesita una planta industrial.

Una herramienta indispensable en cada solución es un calculador de acuerdo al número de cámaras que van a cada videogarabador; cuántos cuadros por segundo, calidad de imagen por cámara y el porcentaje de grabado por día o semana. Algunas marcas ya cuentan con estas herramientas o software.

La búsqueda es indispensable en video evidencia, ¿Que tan rápido puedo encontrar un evento? Ya no es necesario hacer esas búsquedas que nos permitía el video en cintas, donde tenía que rebobinar, adelantar y atrasar el video para encontrar evidencia. Hoy en día la búsqueda debe ser seccionada por área dentro de la cámara, determinar el espacio de tiempo donde pudo ocurrir el evento y reducir nuestra búsqueda de horas, a unos cuantos minutos.

Por último, es importante mencionar que la confiabilidad, es un elemento indispensable; es decir, qué tanto puedo confiar en la evidencia de un video. Sabemos que hay formatos de video editables, y lo deseable es no involucrarnos en el sistema legal, sino sólo en el tecnológico. El otro es trabajo de un buen legislador.

Por ello tanto distribuidores como integradores, equipos de seguridad y usuarios finales, corresponde inspeccionar la calidad del video, el nivel de reconocimiento que voy a tener con tal o cual tecnología, y por último asegurarse o preferir porque las grabaciones de “video nativo” con que contamos, sean “ineditables”, ya que de nada serviría pasar un video a un formato ineditable, si nació en un formato editable, pues perdería su valor como evidencia. Es importante tener en cuenta que incluso existen formatos que ofrecen información extra como ubicación, nombre y fecha del evento.

Con todo lo anterior, se visualiza que la tecnología ha llegado al nivel donde el video de CCTV, siempre y cuando cumpla ciertos requerimientos, puede y debe ser usada como evidencia, tal como lo hace con las multas de tránsito, donde inclusive incluyen un dispositivo para detectar la placa. Ahora sigue el paso donde debe ser evidencia, en la corte o juicios tal como ya se hace en otros países.

ELEMENTOS QUE VALIDAN UN
VIDEO ANTE LA AUTORIDAD


• Legalidad, la injerencia de estar autorizada por ley.

• Necesidad y proporcionalidad de la injerencia.

• Control judicial, poner a disposición del órgano judicial competente las cintas originales, a fin de garantizar su autenticidad.

• Se ordenará cuando sea indispensable para el esclarecimiento de los hechos.

• Se prolongará por el tiempo estrictamente necesario y no será mayor al periodo de la investigación.

• Es el Juez de la investigación preparatoria quien controla la legalidad de los videos, no el fiscal del caso.

• Si el juez resuelve improcedente puede el fiscal apelar, el trámite es reservado.

• Una vez grabado, el fiscal visualizará en su despacho y levantará un acta.

VIDEO-PRUEBAS EN EL MUNDO

Comenzando con un caso latinoamericano, hay que mencionar que en Perú, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal permite la presentación de fotografías o registros de imágenes entre otros medios técnicos en el interior de un inmueble, con fines de acopio de indicios o elementos probatorios de la comisión de un ilícito penal.

Sin embargo la admisión de este elemento probatorio sólo será bueno de manera excepcional, es decir sólo para delitos graves o contra organizaciones delictivas; o cuando se vean afectados terceras personas y siempre que haya una autorización judicial; mientras que por el contrario, si no fuera ese el caso, se descartaría por vulnerar el derecho a la privacidad, asentado en la Carta Magna del país andino.

Por otra parte, la legislación alemana aplicada a la materia, indica que en el caso de la OrgKG (que refiere a la ley germana para la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes y el crimen organizado), permite la utilización de medios técnicos como la toma de fotografías y confección de retratos, alarmas y detectores de movimiento; escuchas y grabaciones de conversaciones privadas para fines referentes a seguridad.

Esto con el fin de investigar los hechos o averiguar el lugar de residencia de los presuntos delincuentes. A pesar de tales permisiones que tiene esta ley en Alemania, a modo de restricción se establece que el empleo de los mismos no puede menoscabar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

“Por otro lado las cámaras instaladas por seguridad, no suscitarían ningún problema legal, podemos decir que al regir la libertad probatoria, esta sería acogida, no obstante no podemos olvidar que estas no deben invadir o violar derechos fundamentales, o en su defecto regirse de acuerdo a ley”.

Una jurisprudencia norteamericana indica que las captaciones de artefactos de seguridad operan como un “testigo silencioso”, de esta manera tendrán que regirse las grabaciones audiovisuales que accidental o imprevistamente capten imágenes o sonidos relevantes para un proceso penal.

Las reservas legales que muchas veces se tienen para tomar en cuenta una cinta como evidencia para esclarecer algún delito, es el hecho de que las grabaciones magnetofónicas puedan presentar cierta manipulación, trucaje y distorsión del contexto global en que tuvieron lugar; por eso al momento de valorarlas se deberá tener suma cautela, tanto con el reconocimiento del titular de la voz o con la actividad pericial, a razón de determinar que el video no esté manipulado o montado.

Para realizar un registro de imágenes o tomas fotográficas en el interior de un inmueble o lugar cerrado, la Policía o el Fiscal debe previamente solicitar la autorización judicial al Juez penal de turno que tendrá por finalidad el acopio de indicios o elementos probatorios de la comisión de un ilícito penal.

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